07
Dic
11

Conferencia de Enrique Santiago sobre persecución judicial del régimen colombiano contra Remedios y Leyla en España

“se está produciendo una absoluta política de exterminio con estos prisioneros políticos, que sin duda alguna ameritan que sea uno de los objetivos esenciales del movimiento de solidaridad”…
Enrique Santiago transcripción Patricia Rivas | Para Kaos en la Red | Hoy a las 20:15 | 73 lecturas
www.kaosenlared.net/noticia/conferencia-enrique-santiago-sobre-persecucion-judicial-regimen-colomb
 
Enrique Santiago: “Todas las acusaciones contra Remedios y Leyla Ordóñez se sustentaban en pruebas supuestamente encontradas en los ordenadores mágicos de Raúl Reyes, invalidadas por la Corte Suprema colombiana”

Es obligación ofrecer una explicación aunque sea somera de la situación en la que se encuentra ahora mismo la compañera Remedios. Creo que también es bueno hablar de la situación en la que se encuentra ahora mismo la otra compañera colombiana que se encuentra también con un procedimiento abierto ante la Audiencia Nacional, la compañera Leyla Ordóñez, ambas por hechos muy parecidos, todos derivados de esta caja mágica que son los ordenadores de Raul Reyes.

El termómetro para medir la poca consistencia que estos procedimientos judiciales tienen ahora mismo es el mediático: ha desaparecido absolutamente de los medios de comunicación las noticias relativas a este procedimiento y los escándalos sistemáticos que la prensa viene organizando, especialmente entre julio de 2008, el momento de la detención de Remedios, y el último escándalo, coincidiendo con la detención de Leyla en este año 2011.

Después de eso han ocurrido cosas sumamente importantes, que la inmensa mayoría de las personas, incluso aquellas que han venido siguiendo la situación procesal de Remedios y de Leyla ignoran. La primera y más importante es que la Audiencia Nacional ha levantado el procesamiento y ha retirado absolutamente todos los cargos que había respecto a Remedios en el procedimiento que se sigue por la supuesta vinculación entre las FARC, ETA y el Gobierno de Venezuela.

Operación propagandística de difamación  contra Remedios y el Gobierno de Venezuela

Fue el 1 de marzo de 2010 cuando, antes de que lo conociera Remedios o su defensa procesal los medios de comunicación, en primera página otra vez, dieron la noticia de que se procesaba nuevamente a Remedios en otro procedimiento judicial, esta vez nada más y nada menos que por ser ella el vínculo entre la organización ETA, las FARC y el Gobierno de Venezuela, en el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, que dirige un juez que  fue Director General de Justicia en el Gobierno de la Comunidad Valenciana presidido por el Sr Eduardo Zaplana, cuando la Generalitat Valenciana en el año 2000 recibió con honores políticos a Raúl Reyes.

El procesamiento de Remedios fue primero conocido por los medios de comunicación y sólo después, por la propia Remedios y su defensa. Es más, un mes después de haber saltado a los medios de comunicación toda la información sobre el procesamiento de Remedios, ella todavía no había sido notificada en ese procedimiento; un mes después no había podido declarar y no había podido defenderse. A fecha de hoy todos los cargos han sido retirados, el procesamiento ha sido levantado porque ninguno de los más de 12 testigos que supuestamente presentaron las autoridades colombianas –unos, antiguos miembros de las FARC, según decían; y otros, taxistas venezolanos que, según declaraban, iban a los campamentos de las FARC a recoger a Remedios en taxi y luego la devolvían a gasolineras donde supuestamente Remedios entregaba pasaportes delante de generales del Ejército venezolano a todo tipo de miembros de ETA que aparecían por allá- después de que todas estas declaraciones resultaran absolutamente insostenibles (ciudadanos que se presentaban como venezolanos y que en las declaraciones judiciales reconocían que eran colombianos), lo cierto es que se levantó este procesamiento y ello no fue noticia, no se publicó en los medios de comunicación. Practicamente se desconoce no solamente que Remedios no tiene ninguna acusación en ese procedimiento, sino tampoco los propios funcionarios venezolanos que fueron acusados.

¿Lo que fue un favor político solicitado por el Gobierno de España ahora es un crimen?

No voy a hablar de la situación de los presuntos miembros de ETA acusados en ese procedimiento, la inmensa mayoría de los cuales se encuentran en Venezuela desde hace más de 20 años a petición del Gobierno español al Gobierno venezolano. Fue un favor político que realizó el Gobierno venezolano al Gobierno español a petición del entonces presidente del Gobierno, el señor Felipe González. Luego el juez se pregunta qué hacen estos miembros de ETA viviendo en Venezuela, que por qué tienen nacionalidad venezolana, que por qué están casados con ciudadanas venezolanas. La contestación es bien sencilla: llevan 20 años viviendo en Venezuela y el Gobierno venezolano además ha garantizado al Gobierno español como parte de ese acuerdo político, que estos señores, presuntos miembros de ETA –porque la inmensa mayoría no han sido nunca juzgados- no podrían regresar a España.

Lo que es un favor político del Gobierno venezolano, en principio, del Gobierno de Carlos Andrés Pérez, que luego mantiene el Gobierno del presidente Hugo Chávez, esto es elevado nada más y nada menos que a la categoría de crimen o complicidad, para el presunto sostenimiento, financiación y entrenamiento de ETA. Con el silencio absolutamente cómplice del Gobierno español, que en ningún momento ha tenido la entereza o la honradez de decir que la explicación por la cual estos señores están en Venezuela es porque nosotros lo pedimos y nosotros los enviamos, al igual que se lo hemos pedido al Gobierno de Argelia, al Gobierno de Cabo Verde, al Gobierno de México, al Gobierno de Uruguay o al Gobierno de Cuba. Y además debemos agradecer que estos presuntos miembros de ETA no hayan vuelto de Venezuela, porque eso significa que el Gobierno venezolano está cumpliendo el compromiso político que nosotros les pedimos. En ningún momento el Gobierno español ha levantado la voz para dar estas explicaciones que serían de mínima honradez, no ya por ser cabales, ajustadas a la realidad, sino por mínima honradez. El Gobierno español ha mirado para otro lado mientras se organizaba un auténtico escándalo mediático que ha supuesto incluso la criminalización del Gobierno de Venezuela, que era la cabeza que se buscaba con este procedimiento, ante la comunidad internacional y justificar las acusaciones de connivencia con el terrorismo, de financiación del terrorismo, por parte del Gobierno de los Estados Unidos y adláteres.

Y ni más ni menos que la pieza clave con la que la justicia española mantuvo un tiempo tal falacia, una construcción que en la practica resultaba propagandística, era la compañera Remedios, a la que posteriormente, como digo, le fueron retiradas las acusaciones. Una vez retiradas, ¿cuál es la situación de Remedios?

Pendiente de poder defenderse desde julio de 2008

La compañera Remedios sigue teniendo una acusación que deriva del primer procedimiento que se le abrió cuando fue detenida en julio de 2008. En principio se le acusa por colaboración, no por integración, con organización terrorista, concretamente por su colaboración con las FARC. Esa presunta colaboración se supone que la ha realizado Remedios mediante actividades de proselitismo, reclutamiento, adoctrinamiento y financiación o ayuda a todas estas cuestiones.

A fecha de hoy Remedios no ha vuelto a ser citada a declarar en la Audiencia Nacional en todo este procedimiento, desde julio del año 2008. Todas y cada una de las pruebas que se han presentado contra ella han sido no muy difícilmente contrarrestadas y desmentidas, y el núcleo de las pruebas que la fiscalía española a través de la fiscalía colombiana presentaba contra Remedios era el contenido de los famosos ordenadores de Raúl Reyes que en el pasado mes de mayo de 2011 la Corte Suprema declaró nulos de pleno Derecho por ser pruebas obtenidas –como veníamos diciendo aquí, en Colombia y en cualquier lugar del mundo donde se han intentado utilizar por los tribunales- con violación de innumerables normas de Derecho nacional interno colombiano e internacional. Concretamente, la Corte Suprema colombiana las anula por la primera de las alegaciones que presenta en este caso la defensa del representante a la Cámara Wilson Borja. Ese ha sido el procedimiento en el que se han anulado porque ha sido el primer procedimiento sustentado en las supuestas pruebas de los ordenadores que ha llegado a la Corte Suprema de Justicia colombiana.

Las únicas pruebas presentadas contra Remedios ya han sido invalidadas

Es decir, por primera vez, y a pesar de las presuntas mentiras reiteradamente mantenidas por los oficiales de policía colombianos que han declarado en el procedimiento en España –que han mantenido en todo momento que esas pruebas tenían plena validez ante los tribunales colombianos, cuando en ese momento ya esas pruebas habían sido anuladas por tribunales inferiores, que no las habían tenido en cuenta, y fueron los recursos de la fiscalía colombiana los que motivaron que llegara a la Corte suprema- la Corte Suprema las anuló por la primera causal alegada, que fue por haberse obtenido en contra de lo establecido en los Convenios Bilaterales y multilaterales de cooperacion jurídica, en violación de la soberanía territorial de Ecuador y haber sido obtenidas por agentes del Estado no investidos de autoridad judicial, concretamente por las fuerzas armadas colombianas, que intervenían sin ningún tipo de cobertura judicial para actuar en otro país distinto del suyo.

Y digo que es la primera causal, es la primera alegación la que admite la Corte, porque obviamente había muchas más. Si esa hubiera sido desestimada, la Corte tendría que haber examinado otras y, probablemente, esta primera causal es la que crea menos problemas políticos al Gobierno colombiano. Porque las otras eran ya de una índole mucho más seria, quizás no tanto en las relaciones bilaterales entre Ecuador y Colombia, pero sí respecto a la actuación y la falta absoluta de respeto que las autoridades colombianas tienen respecto a los derechos humanos. Porque el resto de causales hacían referencia a la perpetración de crímenes de lesa humanidad en la obtención de las presuntas pruebas.

Es decir, como está certificado por forenses ecuatorianos y por forenses franceses traídos por las autoridades ecuatorianas, todos los supuestos miembros de las FARC que quedaron en el campamento de Raúl Reyes después del bombardeo y de la operación militar en la que se obtuvieron esos ordenadores, todos aparecieron con tiros en la cabeza o acribillados por la espalda. Es decir, ejecutados, todos y cada uno de ellos.

O que el propio cuerpo de Raúl Reyes estuviera destrozado por un uso excesivo de la fuerza, que también es un crimen de lesa humanidad: esta persona había sido bombardeada sistemáticamente.

Computadores mágicos

O luego alegaciones ya de tipo mucho más doméstico, que no dejan de llamar la atención. ¿Cómo habiéndose acreditado por las Fuerzas Armadas Colombianas las toneladas de bombas arrojadas sobre ese campamento y sobre esos materiales informáticos, cómo es posible que ordenadores laptop de uso doméstico que en los certificados de instrucciones dicen que no resisten más de cien grados de temperatura, cómo es posible que ni uno solo de esos 15 ordenadores, 80 pen-drive, y veintitantos discos duros, ni uno solo, estuviera dañado por efecto del calor después de haber soportado toneladas de bombas que cayeron sobre ellos? No es que no hubiera ninguno roto físicamente, sino que ni siquiera se hubieran dañado. Es decir, que la temperatura supuestamente no superó los cien grados, después de toneladas de bombas que cayeron sobre estos instrumentos.

La Corte Suprema colombiana lo que ha hecho es acoger la primera de las causales alegadas porque probablemente es la que causa menos escándalo político. Una vez que anulamos estas pruebas por esta causal, nos evitamos tener que entrar en las siguientes. Nos evitamos tener que entrar en el análisis de si ha habido crímenes de lesa humanidad, o nos evitamos tener que entrar en el análisis de las muchas falacias vertidas, que no son sostenibles desde el punto de vista jurídico pero ni siquiera desde la lógica, como es este misterio de la naturaleza y la técnica de ordenadores que aguantan miles de grados.

Los mismos policías colombianos que no han reconocido ante la Audiencia Nacional que estas pruebas ya estaban siendo cuestionadas por los tribunales colombianos, ellos mismos reconocen que, efectivamente, las toneladas de bombas que cayeron provocan un equivalente a cientos de grados centígrados. Y no eran capaces de dar ningún tipo de explicación lógica. ¿Cómo es que ninguno, ni siquiera un maldito pen-drive había sido dañado y todos estaban absolutamente íntegros en sus materiales? Al igual que también reconocieron otras cosas sorprendentes.

Los ordenadores son incautados en una operación nocturna, tardan tres días en llegar a Bogotá, con todo un fin de semana de por medio. La operación es la noche de un viernes a un sábado, los ordenadores no llegan a la Policía en Bogotá hasta el lunes por la mañana y el sábado por la mañana, ya en varios periódicos de Colombia y de Ecuador, aparece en primera página el supuesto contenido de los ordenadores. Cuando la propia policía colombiana certifica que los ordenadores no han sido abiertos en sede policial hasta el lunes. Es decir, 36 horas antes de que esos ordenadores sean abiertos, según el informe pericial, ya aparece en medios de comunicación ecuatorianos y colombianos en primera página el contenido. Algo que tampoco han sabido explicar, no ya las autoridades colombianas, sino los propios agentes policiales responsables de esta operación que han intervenido ante la Audiencia Nacional.

Ignominiosa persecución en España contra una refugiada 

El asunto es que, una vez presentada ante la Audiencia Nacional, tanto en el único procedimiento ya que se sigue contra Remedios como en el procedimiento de extradición que inician las autoridades colombianas contra la compañera Leyla Ordóñez que, obviamente, no fue ni tan siquiera mantenida en prisión, porque su estatus de refugiada política en España impide no solamente que sea sometida a un procedimiento de extradición, sino que impide ser devuelta a Colombia: la compañera Leyla podría ser enviada a cualquier país del mundo para ser juzgada salvo a Colombia, porque es el único país respecto al cual está absolutamente protegida de ser devuelta por la Convención de Ginebra, que dice taxativamente que un refugiado jamás, bajo ningún concepto, puede ser devuelto al país del que huyó buscando protección.

La compañera Leyla queda en libertad en el momento en que comparece ante la autoridad judicial, a pesar de que la fiscalía española solicitaba prisión incondicional sin fianza. Todas las pruebas que se presentan contra Leyla devienen de estos maravillosamente resistentes ordenadores y materiales informáticos de Raúl Reyes.

Al margen ya de fundamentaciones de supuesto vínculo con organizaciones o actividades terroristas de Leyla, que no dejan de herir el sentido común y la honorabilidad de las personas, una de las gravísimas acusaciones formuladas por el Gobierno colombiano era que del contenido de esos ordenadores se desprendía que Leyla había constituido una organización defensora de los derechos humanos para desprestigiar al Gobierno colombiano en España, dando incluso el nombre, efectivamente, de una asociación registrada, legal en España, que ha realizado innumerables actividades en defensa de los derechos humanos. Y esto era argumentado como una fehaciente prueba por parte de las autoridades colombianas de su vínculo con organizaciones terroristas, como parte de esa llamada guerra jurídica que lleva adelante el Gobierno colombiano respecto a los defensores de los derechos humanos.

La fiscalía española y colombiana llevan seis meses sin responder

Cuando esta sentencia de la Corte Suprema colombiana se emite en el mes de mayo, se presenta tanto en el procedimiento de Leyla como en el procedimiento de Remedios en dos juzgados distintos de la Audiencia Nacional y se piden dos cuestiones:

-En primer lugar, que el juez español acuerde remitir esa sentencia a Colombia para que las autoridades colombianas certifiquen que esa sentencia es auténtica. Y que además es firme y no recurrible.

-En segundo lugar, que la fiscalía española, en ambos procedimientos, explique si además de los contenidos de los ordenadores de Raúl Reyes tienen alguna otra prueba que permita, una vez anuladas las pruebas procedentes de los ordenadores, sustentar alguna acusación contra Remedios o contra Leyla.

A fecha de hoy, seis meses después de haberse presentado, las autoridades colombianas no han contestado esa comisión rogatoria. Ayer mismo el juez que instruye el procedimiento de extradición de Leyla la reiteró a Colombia, diciendo que qué ocurría: que cómo es que tardan dos semanas en enviar órdenes de detención desde que supuestamente detectan en Colombia elementos incriminatorios contra personas residentes en España, pero que seis meses después de enviarse una solicitud de certificación han sido incapaces de contestarla.

A paso de tortuga también en la causa contra Álvaro Uribe por las chuzadas en España

Una lentitud de las autoridades colombianas que se repite en otro procedimiento judicial, que no tiene que ver ni con la compañera Remedios ni con la compañera Leyla, que es el procedimiento que se sigue en los Juzgados de Madrid, entre otros funcionarios y autoridades colombianas, contra el señor Álvaro Uribe Vélez, que está imputado por la justicia española por delitos de intervención de comunicaciones y coacciones por los sucesos del DAS ocurridos en España. También la jueza que instruye estas actuaciones en el mes de junio remitió una comisión rogatoria a las autoridades colombianas para que informaran sobre si los hechos investigados en España estaban siendo investigados en Colombia, y a fecha de hoy las autoridades colombianas tampoco han tenido tiempo para contestar esa comisión rogatoria, al igual que otra similar que otro juez belga ha enviado a Colombia por los sucesos de las famosas “chuzadas”, que no sólo ocurrieron en Colombia y en España, también en Bélgica fueron chuzados, espiados, coaccionados tanto refugiados colombianos en Bélgica como políticos belgas, eurodiputados de distintos países que realizaban sus actividades en el Parlamento Europeo, y a fecha de hoy las autoridades colombianas no han tenido tiempo de contestar ninguna de esas cuatro comisiones rogatorias –las dos de los procedimientos de Leyla y Remedios, la de las chuzadas del DAS en España y la de las chuzadas del DAS en Bélgica- y tampoco han tenido tiempo de autorizar una petición de la policía judicial belga que en el mes de junio solicitó a la fiscalía colombiana desplazarse a examinar ellos directamente los expedientes del DAS incautados por la fiscalía colombiana en las oficinas del DAS.

Tampoco la fiscalía española en estos meses ha tenido tiempo de indicarnos si además de las pruebas supuestamente contenidas en esos ordenadores de Raúl Reyes, existe alguna otra prueba que ellos tengan que permita mantener el procedimiento y las acusaciones que se han formulado contra Remedios o que permitan mantener vivo el procedimiento de extradición que se sigue contra Leyla. A fecha de hoy tampoco hemos tenido contestación de la fiscalía española, muy diligente cuando se trata de ejecutar solicitudes de detención pedidas por Colombia respecto a ciudadanos refugiados en España. Porque si algo es indignante es que la Fiscalía española, cuando llega una solicitud de detención de una ciudadana cuya tarjeta de identidad en España es una tarjeta de refugiado, curse inmediatamente una solicitud de detención; y no solamente eso, sino que al pedir la prisión incondicional de Leyla obvie, nada más y nada menos, que las normas contenidas en la Ley de Extradición Pasiva, en la Ley Española de Asilo y en la Convención de Ginebra. Todas esas normas la fiscalía española las desconocía por lo visto y se permitió mantener la solicitud de prisión incondicional que fue, con muy buen criterio, rechazada por el juez instructor.

Como no sabemos si van a contestar o van a dejar de contestar, si esta situación se alarga, probablemente lo que haremos será intentar acreditar ante la justicia española que esto significa un reconocimiento de la ausencia absoluta de elementos de acusación contra ambas compañeras. y, por lo tanto, se justificaría el archivo del procedimiento de extradición y en el caso de Remedios, el absoluto sobreseimiento de la causa.

Indicios

A fecha de hoy ya hay indicios que nos permiten llegar a la conclusión de que las autoridades judiciales españolas son conscientes de que probablemente no van a tener muchos elementos para abordar un procedimiento de enjuiciamiento. El primero de ellos es que hace un mes solicitamos una autorización para que Remedios pudiera viajar fuera de España y se le devolviera el pasaporte, y la fiscalía española informó favorablemente y a la compañera Remedios se le devolvió su pasaporte y se le autorizó a abandonar España. Y la segunda es que hemos llegado a la conclusión de que a fecha de hoy no tiene mucho sentido que las medidas cautelares impuestas a Remedios le obliguen a presentarse semanalmente ante el juzgado, con lo cual también hemos pedido que se sustituyan estas medidas por la obligación de presentación mensual y la fiscalía española también ha tenido el buen criterio de no oponerse, con lo cual el juez español ya ha acordado la sustitución de la medida de presentación semanal por una medida de presentación mensual. Todo esto son indicios, pero que llevan a pensar que es imprescindible mantener la presión política. El escándalo mediático que a esta señora le ha destrozado su actividad profesional y personal desde hace tres años, escándalo que fue reiterado en marzo de 2010 con la nueva construcción fraudulenta del proceso en el cual supuestamente esta señora era el vínculo, nada más y nada menos que entre ETA, las FARC y el Gobierno venezolano, requeriría – si en los medios de comunicación españoles hubiera un mínimo de decencia- no solamente dar a conocer esta situación, por la que estos procedimientos se han caído, puesto que parece ser, cada día de una forma más clara, que no hay pruebas que permitan mantener estas acusaciones, una cierta rehabilitación mediática, igual que en su día se efectuó una clarísima condena mediática respecto a Remedios. Y también respecto a Leyla, porque en su caso, otra vulneración sistemática de la legislación nacional e internacional realizada por los medios de comunicación ha sido la publicación de datos, nombres, apellidos, lugares de trabajo y fotografías de una mujer que es refugiada en España. Es algo que la ley prohíbe absolutamente. Y eso se ha hecho sin que se sepa cómo, de dónde han salido esas fotografías que, curiosamente, en el caso de Leyla, al igual que en el caso de Remedios, coinciden con las fotografías de las fichas policiales. Son las que han sido publicadas por los medios de comunicación sin solución de continuidad y escasas horas después de que ambas fueran detenidas. Es decir, la filtración está claro que viene de archivos oficiales: o bien de archivos policiales o bien de archivos judiciales.

Entrar a discutir las causas del conflicto es, ni más ni menos, que hablar de las riquezas, de la posesión de la tierra y de la acumulación insultante en muy pocas manos frente a esos 20 millones de colombianos que, según las Naciones Unidas, viven en la absoluta pobreza.

Exterminar a la dirigencia política para evitar abordar las causas del conflicto

Otra vez toneladas de bombas caen sobre un hombre que iba en compañía de muy pocas personas, con un círculo de seguridad muy reducido, y después un operativo de más de mil hombres acordonan una zona en la que, como ha dicho no precisamente alguien sospechoso de terrorismo, sino como manifestó antesdeayer el arzobispo de Cali, ¿cómo es posible que Alfonso Cano no fuera detenido por las autoridades colombianas, cuando la zona estaba cercada y había mil militares sobre el terreno buscándolo? ¿Cómo es posible que cuando lo encuentren sea ejecutado, sea asesinado, estando rodeado de mil militares, una persona –en palabras del arzobispo- mayor de 60 años, herido, ciego, porque estaba sin sus gafas, y acorralado por el ejército? ¿Cómo es posible que haya sido acribillado a balazos y qué impedimento tuvieron las autoridades colombianas para detenerlo y haberlo llevado delante de la Justicia? Evidentemente, las autoridades colombianas no tenían ningún interés en someter a Alfonso Cano a ningún procedimiento judicial ni en mantenerlo vivo, porque esto pone de manifiesto que la dirigencia de la insurgencia colombiana es fundamentalmente política, con criterios políticos, que defiende mecanismos políticos para solucionar el conflicto y, obviamente, eso cuestiona la naturaleza del conflicto y los responsables del mismo. Porque hablar sobre las causas del conflicto en Colombia es sobrepasar el límite de lo que la oligarquía puede permitir.

Y además también conviene destacar, para poner de manifiesto la falta absoluta de voluntad política del Gobierno colombiano de avanzar en un escenario de paz, cómo la estrategia de combate a la insurgencia ya no es la estrategia de combate a las fuerzas guerrilleras o de expulsar a las fuerzas de la insurgencia de las zonas que controlan, sino cómo se dirige en una política selectiva de exterminio de sus dirigentes políticos. Es decir, aquellos que desde la comandancia de las insurgencias están defendiendo la negociación política y el fin del conflicto a través de la discusión política sobre sus causas. Es decir, aquellos que están accediendo a la liberación unilateral y sin esperar nada a cambio, pese al exterminio al que están siendo sometidos los presos políticos en general y en particular los prisioneros de guerra de la insurgencia en poder de las autoridades colombianas, están siendo exterminados estos dirigentes políticos mediante un uso excesivo de la fuerza que solamente puede ser calificado como ejecución extrajudicial. Y el caso de Alfonso Cano lo pone claramente de manifiesto.  

14 años sin hacer nada por la liberación de los soldados y cuando se enteran de su inminente liberación, provocan su muerte con una operación militar a sangre y fuego

Pero además quiero poner de manifiesto lo que claramente han expresado las FARC. Yo tengo aquí el último comunicado de las FARC en el que explica la ignominia con la que ha actuado el Gobierno colombiano: 14 años sin intentar el rescate de los militares en poder de las FARC. 14 años. Y qué casualidad, que precisamente cuando se enteran de que se iba a producir en breve, de forma inmediata la liberación de seis de esos militares, entran a sangre y fuego y fuerzan una situación en la que mueren. Esto acredita la consideración que el Gobierno colombiano tiene a sus propios militares, aquellos que van a defender los privilegios de la oligarquía colombiana. No tienen el mínimo decoro de facilitar la liberación unilateral y sin condiciones que habían acordado en este caso las FARC, y fuerzan que estas personas sean exterminadas. Y, como decía Piedad, ya veremos cómo han acabado con las vidas de estas personas. Porque lo que no encaja es que si estas personas, como se ha dicho, estaban encadenadas y aparecieron encadenadas con un tiro en la cabeza, cómo es que ha habido uno que no estaba encadenado y que quitándose de en medio cuando empezó el tiroteo, se puso a salvo. Son cosas que no cuadran desde ningún punto de vista.

El Gobierno Santos: discurso suavizado, pero violaciones de derechos humanos igual de atroces

Yo quiero acabar señalando la necesidad de redoblar estos esfuerzos. Porque nos encontramos ante un Gobierno absolutamente ignominioso, que no es cierto que haya cambiado. Como bien dicen los movimientos populares colombianos y las organizaciones de defensa de los derechos humanos, apenas ha habido un desarme de la palabra. El señor Santos parece ser bastante más inteligente y, por lo tanto, también previsiblemente más peligroso que el señor Uribe, y ha adoptado un tipo de lenguaje y forma de relacionarse con los medios de comunicación no tan soez y grosero como el del señor Uribe, lo cual puede prestarle algo más de credibilidad de lo que tenía Uribe, que mantenía un discurso irracional y cegado por el odio. Sin embargo, el Gobierno del señor Santos mantiene otro tipo de discurso, con una cobertura supuestamente más democrática y apelando a los mismos argumentos utilizados por las autoridades estadounidenses en esa famosa “guerra contra el terrorismo”. Las cifras de la situación de los defensores de los derechos humanos, de los sindicalistas en Colombia en el año y tres meses de Gobierno del presidente Santos son tan atroces o peores que las del Gobierno del Señor Uribe. Los asesinatos de sindicalistas siguen produciéndose con la misma frecuencia o más; las detenciones arbitrarias, desapariciones y asesinatos de los defensores de derechos humanos siguen produciéndose con la misma frecuencia o más.

Urgencia de solidaridad con miles de presos políticos, sometidos a una política de exterminio

7.500 presos políticos en estos momentos en Colombia, y de ellos solamente entre 800 y 1000 son sindicados de pertenencia a organizaciones insurgentes: es decir, que estamos hablando de más de 6.500 líderes populares y defensores de derechos humanos que están acusados de terrorismo e internados en cárceles en Colombia, en una situación en la que se les está dejando morir, por la absoluta privación de derechos básicos de la persona: asistencia sanitaria, alimentación, incluso en lugares con altas temperaturas, el derecho a acceder al agua para beber, sufriendo atentados y agresiones dentro de las prisiones, de forma que se está produciendo una absoluta política de exterminio con estos prisioneros políticos, que sin duda alguna ameritan que sea uno de los objetivos esenciales del movimiento de solidaridad con Colombia en estos momentos.

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