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Sep
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Lo que hay detrás de la campaña contra el PC de Chile

Lo peor de la derecha, con el pinochetista Melero a la cabeza, puso en marcha una maniobra contra el Partido Comunista a propósito de un despacho de la Fiscalía colombiana identificando a siete dirigentes comunistas como “colaboradores” de las FARC. En particular el ataque enfiló contra dos de los diputados de nuestro partido, Guillermo Teillier y Lautaro Carmona, presidente y secretario general de nuestra organización. El listado incluye además de otros dos integrantes de la Comisión Política (Andrés Lagos y el autor de estas notas).

A la embestida se sumó a poco andar el ministro del Interior, Hinzpeter, usando argumentos primitivos tomados del arsenal de lo peor de la oligarquía colombiana. Se agregó luego un ex canciller de Pinochet, Hernán Felipe Errázuriz, y enseguida el propio señor Piñera se hizo torpemente parte del montaje. Todos somos calificados como cómplices de terrorismo. Es el ex presidente Uribe el que provee a sectores de derecha para llevar adelante estas insidias. Las primeras intrigas de esta campaña las impulsó usando la visita de Sebastián Piñera y Andrés Allamand a su país durante la elección presidencial. Allí les proveyó de documentos de la “inteligencia colombiana” sobre relaciones de las FARC con dirigentes políticos y sociales chilenos. Con esa información maniobraron hasta forzar la salida de La Moneda de un periodista que aparecía en el listado del que se hicieron portadores y mencionaron los nombres que hoy reaparecen.

En el primer empleo de los “antecedentes” proporcionados por el narcotraficante y terrorista Uribe buscaron ganar votos para la elección presidencial. Hoy los empuja su ira ante la presencia de parlamentarios comunistas en la Cámara y nuestra política de convergencias para enfrentar a la derecha. Les resulta intolerable que los esfuerzos de la dictadura de la que fueron parte para hacer desaparecer la expresión política de las fuerzas revolucionarias hayan fracasado. Que su ciega defensa de sus intereses de clase se dificulte por nuestra participación en los debates los descompone.Esta fase de la operación incluyó al ex ministro de Pinochet, Hernán Felipe Errázuriz al que El Mercurio da espacio para proponer que “la Fiscalía Nacional investigue lazos, financiamientos del PC y su complicidad con la violencia desencadenada en la Araucanía”.

El deseo de reponer la agresión represiva contra el partido y otras fuerzas democráticas, como lo hicieron durante la dictadura, muestra la cola y pretende obstaculizar las convergencias de fuerzas opositoras para enfrentar las políticas empresariales que impulsa su gobierno. La calificación de las FARC como organización terrorista no responde ni a la verdad, ni a la historia ni a la calificación que le asignó la ONU que la ha reconocido como “fuerza beligerante” teniendo presente su dramático origen y sus formas de lucha. Las FARC nacieron hace más de 40 años como consecuencia de masacres brutales de la oligarquía colombiana en las zonas agrarias del país. Se constituyeron como organizaciones de autodefensa de la población agredida y hoy disponen de una posición dominante en a lo menos un tercio del territorio colombiano. Enfrentan no sólo a las fuerzas armadas del estado represor sino también a los aparatos paramilitares de los narcotraficantes vinculados a personeros del poder estatal. El gobierno de Estados Unidos tiene en sus archivos pruebas de la participación del saliente presidente Uribe en las operaciones de narcotráfico y en la formación de sus aparatos paramilitares. Las revelaciones de archivos secretos de la CIA y la DIA lo tienen al borde de un juicio en el Tribunal Penal Internacional. Reproducimos uno de los documentos que demuestra esta connivencia criminal de Uribe disponible gracias a la desclasificación que ha hecho Wikileaks de miles de documentos de las agencias de inteligencia de Estados Unidos (1)Hace sólo unos meses se descubrió en Macarena una fosa común con más de 2 mil cadáveres y en el curso de los meses siguientes se han detectado otras más de 100 fosas de menor magnitud. Esto es el terrorismo real existente en Colombia, el terrorismo de estado agravado además por decisiones de gobierno. Uribe ofreció un pago extra a los integrantes de las fuerzas armadas por cada muerte de guerrilleros que acrediten. Esa política dio origen a los llamados “falsos positivos”, es decir asesinatos cometidos por los militares y los paramilitares narcos declarados bajas de las FARC para recibir los pagos correspondientes. Es una de las acusaciones que Uribe enfrenta en la Corte Internacional. Ante esta verdad indiscutible quienes deben explicar sus vínculos con el terrorismo son precisamente los que nos tratan de desacreditar.

Las FARC, forzadas a la guerra, han demandado reiteradamente negociaciones para ponerle fin. La primera propuesta la hizo su jefe histórico, Manuel Marulanda, y lo aceptó el presidente Betancourt. En marzo de 1984 las FARC asumieron la propuesta de Betancourt para llevar adelante su lucha en el cuadro de las instituciones, llamadas democráticas, suspendiendo la lucha armada. Con otras fuerzas, incluyendo el PC colombiano, se fundó una alianza progresista, la Unión Patriótica (UP), que fue más allá de comunistas y las FARC. La UP participó en elecciones, eligió senadores, diputados, alcaldes constituyéndose en una fuerza relevante que amenazaba el poder oligárquico. La respuesta fue una represión terrorista bárbara. En tres años fueron asesinados más de 3 mil parlamentarios, jueces, alcaldes, dirigentes sindicales en un genocidio político sin precedentes del que Uribe fue actor. Para sobrevivir, las FARC debieron retomar la lucha armada.

En la década del 90, otro presidente, el señor Pastrana, asumió de nuevo el camino del diálogo ahora en territorio neutral y sin otras precondiciones. Las negociaciones fueron conducidas de nuevo al fracaso. Pese a ello, las FARC mantuvieron una política de liberaciones de presos hechos en combate en las que personalidades como la senadora Piedad Córdova han hecho un esfuerzo relevante pese a los obstáculos que ha puesto el gobierno y a la persistente negativa de liberar a presos de las FARC. Hace pocos días Alfonso Cano, el sucesor de Marulanda, hizo una oferta de paz al nuevo mandatario de Colombia y el presidente Juan Manuel Santos, pese a su oscuro pasado (es el gestor del ataque en territorio ecuatoriano donde fue asesinado Raúl Reyes),en el discurso de posesión, no descartó la vía del diálogo para la paz. Cuando eso ocurre tiene lugar el atentado terrorista del jueves 12 en los edificios de Radio Caracol y otros medios de prensa. Todas las fuerzas de izquierda han condenado ese hecho y nosotros con ellos. Dirigentes del Partido Comunista colombiano han hecho lo propio y han planteado que razonablemente se puede plantear que se trata de una nueva expresión de los “falsos positivos”, esto es un crimen cometido para que continúe la guerra que es el escenario ideal para el gran negocio de los magnates del narcotráfico y para la permanencia de bases militares norteamericanas instaladas en territorio colombiano que son una amenaza latente para otros países latinoamericanos.

Nosotros somos solidarios, por cierto, con las demandas de los pueblos originarios y del pueblo mapuche en particular. Estamos convencidos que sólo la solución del despojo del que han sido objeto es la vía de solución de los conflictos. Aplicar la ley antiterrorista de la dictadura es un camino ciego y comprendemos la legitimidad de la huelga de hambre que llevan a cabo. Hemos exigido que sean escuchados y se abra una vía al diálogo para resolverla. Del mismo modo, hemos sido y somos solidarios con la búsqueda de una salida negociada a la guerra que se prolonga por más de 40 años en Colombia como lo proponen las FARC. Ese proceso debe abrirse sin demora y sin exigencias previas inaceptables para las FARC, mucho menos después de los dos intentos fracasados por responsabilidad de los poderes fácticos ligados al narcotráfico que operan en Colombia. La senadora Piedad Córdova encabeza una organización de colombianos y colombianas por la paz, que integran defensores de derechos humanos como el padre jesuita Javier Giraldo, Carlos A Ruiz, Danilo Rueda, Hernando Gómez, psicólogo y profesor universitario, el cineasta Lisandro Duque y muchos otros. Esa agrupación hace gestiones para un plan de paz y la insurgencia ha mostrado, a través de autoridad máxima, disponibilidad para negociar.

Esta perspectiva debe materializarse sin retardo para cerrar el campo al terrorismo como el atentado a Radio Caracol. Los halcones de la guerra en el gobierno y en las fuerzas militares, sin esperar la más mínima investigación de las autoridades judiciales le atribuyen el atentado criminal a la guerrilla pese a que las hipótesis apuntan con fuerza a responsabilizar a la derecha narcoparamilitar y militarista interesada en la continuidad de la guerra total de las dos administraciones uribistas y cerrar el paso a un ambiente favorable a la paz, al diálogo y a la solución política y pacífica del conflicto colombiano.

La desatinada y extemporánea maniobra de algunos personeros de lo más primitivo de la derecha tiene la misma motivación que el atentado terrorista: obstaculizar el camino del diálogo para poner fin a la tragedia que vive por tantos años una nación hermana. Tenemos derecho a pensar que su informante original instruyó a sus amigos para reflotar su “aporte” en la campaña presidencial hasta formalizarlo antes de dejar el gobierno según las confusas versiones que se han hecho circular.

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(1) Informe clasificado Confidencial. Departamento de Defensa de Estados Unidos (DIA, Defense Intelligence Agency ) (1991).
“82. Álvaro Uribe Vélez. Político colombiano y senador dedicado a colaborar con el cártel de Medellín a altos niveles gubernamentales. Uribe ha sido vinculado a negocios relacionados con drogas en Estados Unidos. Su padre fue asesinado en Colombia debido a sus conexiones con los traficantes de drogas. Uribe ha trabajado para el cártel de Medellín y es amigo personal cercano de Pablo Escobar Gaviria. Él (Uribe) ha participado en la campaña política de Escobar para ganar el puesto de parlamentario suplente de Jorge Ortega. Uribe ha sido uno de los políticos que desde el Senado ha atacado todas las formas del Tratado de Extradición (de Colombia con Estados Unidos) (…) Estos crímenes de Uribe continuaron cuando accedió a la Presidencia de la República (a la que se hizo reelegir cambiando la norma constitucional colombiana) llevando adelante prácticas terroristas bajo el manto de una política que denominó de Seguridad Democrática en un vano intento de derrotar y hacer desaparecer a las FARC”.
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* Jorge Insunza Becker es dirigente del Partido Comunista de Chile.

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