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La Transición inmodélica

Durante muchos años, la versión dominante en los medios de mayor difusión del país sobre la Transición de la dictadura a la democracia en España es que tal Transición fue un proceso modélico que transformó una de las dictaduras más represivas que hayan existido en Europa (por cada asesinato político que cometió Mussolini, Franco cometió 10.000) en una democracia homologable con cualquier democracia existente en la Unión Europea. Esta versión dominante subraya, además, que el supuesto éxito de tal Transición se basó en la reconciliación de las derechas, herederas de lo que en España se llama franquismo (y fuera de España, fascismo), con las izquierdas y otras fuerzas democráticas, herederas de la República, que lucharon contra la dictadura.
Esta versión dominante, casi oficial, de los hechos ocurridos en España se ha ido cuestionando más y más a medida que se han podido comprobar las enormes deficiencias de la democracia española. Dos hechos recientes muestran lo enormemente incompleta que es la democracia en España. Uno es el enjuiciamiento por parte del Tribunal Supremo del único juez –Baltasar Garzón– que se ha atrevido a intentar llevar a los tribunales a los asesinos y responsables del encubrimiento de los asesinatos por causas políticas de más de 150.000 personas, cuyos cuerpos continúan desaparecidos en la gran mayoría de los casos, enjuiciamiento que se ha hecho a propuesta de la Falange, partido heredero del partido fascista que mató a miles y miles de republicanos.
Esta situación, que The Guardian definió como “bochornosa”, es impensable que ocurra en cualquier otro país democrático de la UE. En realidad, en otros países europeos que sufrieron el fascismo o el nazismo, como Alemania, la Falange estaría prohibida y los miembros del Tribunal Supremo que aquí han mostrado sus simpatías por el golpe militar estarían expedientados y, de continuar expresando tales simpatías, estarían en la cárcel. No así en España. Mientras que unas fuerzas políticas vascas, como Batasuna, están prohibidas por no condenar la violencia de ETA, la Falange, que se muestra orgullosa de sus antecesores, está legalizada, y el Partido Popular, que nunca ha condenado por su nombre la dictadura asesina que existió en España, no es sólo legal, sino que ha gobernado en España. Medios de información afines a tal partido han aplaudido el enjuiciamiento del juez Garzón, contrastando con la postura expresada por la gran mayoría de medios de las derechas europeas, que han denunciado tal enjuiciamiento. En realidad, las fuerzas políticas europeas, homologables al PP, han sido las ultraderechas (ver mi artículo “¿Es el PP franquista?” en http://www.vnavarro.org).
El segundo hecho es el dictamen del Tribunal Constitucional, que ha eliminado del Estatut elementos claves que habían sido aprobados por el Parlament, por las Cortes españolas y refrendados por el pueblo catalán en un referéndum. El dominio de tal tribunal por la derecha española, próxima al PP, y por otros jueces que comparten la cultura jacobina del régimen anterior ha dado lugar a un resultado predecible que ha invalidado decisiones tomadas por los representantes del pueblo catalán y del pueblo español. Esta decisión ha sido un regalo a los nacionalistas de ambos lados del Ebro. Para los jacobinos españolistas, herederos de la cultura centralista de la dictadura, centrados predominantemente (pero no exclusivamente) en el PP y en UPyD, tales tensiones favorecen la movilización chauvinista anticatalana, que es muy rentable políticamente en sectores de España. Y en Catalunya, la decisión del Tribunal Constitucional se presenta por las derechas nacionalistas catalanas como la decisión de España contra Catalunya, ignorando maliciosamente que los representantes del pueblo español (excepto el
PP) votaron a favor de tal Estatut.
La consecuencia de ello es que hoy, en el momento más grave que España y Catalunya están viviendo, con un ataque frontal a los derechos sociales y laborales de las clases populares de todas las naciones de España, las luchas nacionales absorberán todo el espacio político y mediático, llevando a un segundo plano el tema de la reducción del Estado del bienestar, el objetivo deseado por las derechas nacionalistas catalanas y españolas que, aliándose en sus políticas de reducción de derechos sociales y laborales, utilizan ahora las banderas para dejar en segundo lugar la crisis económica y financiera que sus
políticas neoliberales provocaron.
Este artículo no puede terminar sin hacer una crítica a las izquierdas gobernantes. La excesiva moderación del Gobierno del PSOE, que alcanza niveles de difícil comprensión (como, por ejemplo, la definición de Franco –el mayor asesino que España haya producido– en la web de la Moncloa como un “político y militar”, sin citar su horrible comportamiento, tanto en el golpe de 1936 como en los 40 años de dictadura) y su enorme pasividad frente al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional es, también, en parte responsable de la situación actual. Aplaudo el discurso del presidente de la Generalitat de Catalunya, José Montilla, en su denuncia y crítica del Tribunal Constitucional (el cual nunca tendría que haber existido o, en caso de que existiera, no debería tener mayor potestad que la soberanía popular). En lo único que estoy en desacuerdo es en lo de acatar el dictamen. Es comprensible que lo dijera debido a su cargo institucional. Pero las leyes no tienen que acatarse cuando son injustas. Si la anciana de raza negra en Alabama, EEUU, hubiera respetado la ley y hubiera continuado sentada en la parte de atrás del autobús, los negros en EEUU todavía estarían considerados ciudadanos de segunda. La desobediencia civil es un acto democrático. Hoy las fuerzas democráticas, a ambos lados del Ebro, deberían protestar por el hecho de que las derechas continúen dominando los aparatos del Estado, no respetando la voluntad popular expresada en el Parlament y en las Cortes españolas. En una democracia, la soberanía procede del
pueblo y no de unas instituciones heredadas del régimen anterior.
Vicenç Navarro es catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra

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5 Responses to “La Transición inmodélica”


  1. julio 14, 2010 en 10:42 am

    Buen articulo, alguna precisión el TC, con todos sus defectos que son muchos, no es una “institución del régimen anterior”, que yo sepa la Constitución es posterior al régimen anterior y sin constitución no hay Tribunal, además este no es modelo exclusivamente español, existe en muchos otros países, y por ultimo, insisto con todas las reformas que el TC necesita, su legitimidad viene dada por la Constitución apoyada por la mayoría de los Españoles y de los catalanes.

    Respecto a UPYD, creo que el señor Navarro se confunde plenamente en considerar a este partido centralista, creo que antes de hablar ahí que informarse aquí les dejo dos extractos del manifiesto fundacional de este partido;

    “Nosotros estamos, naturalmente, por la España plural de los ciudadanos iguales y distintos, pero no por la España asimétrica de los territorios enfrentados, radicalmente contraria al principio democrático de igualdad. No queremos un Estado de Derecho uniforme ni mucho menos uniformado pero sí desde luego unitario y descentralizado. El fetichismo de la diferencia a ultranza nos parece una insigne majadería política, de la que viven unos cuantos iluminados y numerosos mangantes de la política local”

    “Los ciudadanos deben tener las mismas oportunidades de acceso a esos servicios y un mismo tratamiento en ellos, con independencia del lugar en el que residan, para lo que hay que asegurar una equitativa financiación pública, eliminándose los privilegios que hoy día otorgan los sistemas de Concierto en el País Vasco y Navarra, y los que se pretenden imponer a través de las reformas de los Estatutos de Autonomía”

  2. 2 PCE DE GETAFE
    julio 14, 2010 en 5:10 pm

    Hola Jose Luis:

    Al leer el artículo no entiendo que diga que el TC sea una institución del sistema anterior, sino que está dominado por afines a dicho sistema.

    En cualquier caso la constitución no es más que la consagración de la reforma del régimen anterior. Es decir, la continuación. Por muy distinto que sea, como es obvio, este sistema “democrático” con el franquismo no deja de ser, literalmente hablando, una reforma de éste. De hecho durante muchos años de la democracia han seguido estando activas leyes franquistas en distintos ámbitos. El franquismo se fue dotando de una Constitución no formal durante su existencia. Así en distintos periodos fue aprobando sus Leyes Fundamentales. Cada una de ellas iba marcando la dirección del régimen. En el ¿75? se aprueba la Ley de Reforma Política por la que se cambia el sistema electoral (si es que se podía decir que hubiera alguno antes) y las capacidades legislativas. Esta reforma lleva a las “primeras elecciones democráticas” trás el franquismo y a la posibilidad de que el resultado de estas permitiera a sus cargos electos hacer una constitución. De hecho la Ley de la Reforma política fue prácticamente calcada para hacer nuestra Ley Electoral actual. Como digo, la Constitución puede ser catalogada como una Ley Fundamental más del régimen franquista que lo abre a partidos políticos y participación ciudadana reglada. Además véase que el jefe de estado sigue siendo el mismo, los mismos funcionarios, mismos jueces, mismos políticos, etc. Cambió todo para que no cambiara nada, como dijo alguien.

    Ahora bien, esa Constitución que no fue aprobada ni elaborada por Cortes Constituyentes ni rupturistas con una dictadura. Se dotó de un TC que más allá de ser un Tribunal jurisdiccional tiene capacidad legislativa por encima de las Cortes. Esto es lo que viene a señalar V.N. al decir que no tendría que haber existido.

    La legitimidad de dicho TC y dicha Constitución viene dada cuando los españoles la aceptan. Pero, ¿la aceptan conscientes y decididos? No hubo más alternativa para ellos que Continuidad o Reforma. Evidentemente ésto es mejor que lo que había antes, por mucho que no nos guste.

    En cuanto a UPyD, es un tema que estoy empezando a conocer… Así que todavía no tengo mucho fundamento. Pero bueno, UPyD se declaran federalistas aunque encuentro algunas contradicciones en sus postulados. La misma constitución hace referencia a que hay regiones distintas con cotas de autogobierno distintas. Así establece que para las regiones históricas o naciones históricas, no recuerdo el término exacto, hay unas competencias y para el resto de autonomías otras. Esto no es un capricho de los “padres de la constitución”. Esto viene porque en aquello época, como desde hace muchos años en estas tierras, hay conciencia de que España está compuesto por naciones distintas y había que integrarlas pero sin asustar a los centralistas. En eso consistían las autonomías por muy federales que se hagan. Y por tanto es una postura centralista ya que es el estado el que otorga a los estados sus competencias. Pero este problema no acaba mientras no sean estas naciones (Castilla la primera) las que libremente se asocien para constituir un Estado. Nadie por estar en una parte del país u en otra tiene que tener más derechos que otro, pero no considero real que existan las mismas diferencias entre un castellano-manchego y un madrileño, que entre un madrileño y un catalán. Ese es el fracaso de las autonomías.Que por querer contentar a todos (en especial a los militares) se convirtió en un descontrol del que ahora sufrimos las consecuencias.

    Bueno, creo que me he extendido más de lo que esperaba…

    Un placer, Jose Luis.

    • 3 Julio
      julio 14, 2010 en 6:46 pm

      Precisa y preciosa respuesta.
      No olvidemos que tras el TC por si acaso no velara “adecuadamente” por el cumplimiento de la sacrosanta constitución (nunca falló nada a favor de los trabajadores que también nos pone algún artículo tipo trabajo, vivienda, etc.) está SAR o SM Juancar que recuerdo es quien debe firmar en última instancia las leyes. Si hasta ahora no lo ha hecho pero puede hacerlo. Eso es como lo de jefe máximo militar, ahí está y está escrito ahí por algo.

  3. julio 15, 2010 en 7:32 am

    Querido Pce

    Vuestra consideración respecto del origen es bastante personal, podríamos coincidir en algún planteamiento, pero evidentemente esto seria demasiado extenso para un simple comentario de blog, pero si me gustaría aclarar, conceptos que no son a mi juicio discutibles, no podemos definir que la Ley de Reforma Política permitió la “participación ciudadana reglada y de los partidos políticos” para decir posteriormente que no fue aprobada por Cortes Constituyentes cuando las elecciones que dieron lugar a estas cortes de 1977 se realizaron con este mismo objetivo, tras su elección, y cumplido el objetivo se celebraron las que podríamos considerar las primeras elecciones con la Constitución en vigor como son los de 1979. Estos son datos objetivos vuestra consideración de la Constitución como una ley emanada del franquismo tiene un componente claramente subjetivo, muy respetable, pero el proceso que ya es parte de la historia no es discutible.

    Es cierto, que hoy, todavía existen leyes emanadas del régimen anterior, como la Ley de Huelga, pero no es menos cierto que como yo afirmaba que el Tribunal Constitucional es un órgano surgido de la Constitución de 1978 aprobado por todos los españoles y que pese a la politización del mismo, algo evidente, en el proceso de elección de miembros, pero que goza de la legitimación otorgada por la única vía posible que es el pueblo español, si no respetamos las instituciones de que nos hemos dotado, no hay estado de derecho, eso si no creo que la vía lógica sea la desobediencia civil sino mas bien articular democráticamente las reformas de la Constitución que sean necesarias.

    Finalmente respecto a Upyd, una concepción federal de un país no puede ser centralista, entender que los territorios tienen poder de decisión es concedersela a entes abstractos quitando al individuo su poder de decisión, son los individuos, las personas, los ciudadanos de un país, quienes tienen derechos no así los territorios, una descentralización administrativa, un régimen federal, otorga a los territorios la delegación de funciones que como reconoce la Constitución española le otorga la soberanía del pueblo español. Si coincidimos en la base que todos los ciudadanos deben tener los mismos derechos en todo el territorio nacional, esto no sucede con el estado de las autonomías, por ello Upyd reclama igualdad de competencias para todos que similar al modelo aleman, se puedan revisar las mismas, tras treinta años de modelo, y recupere el Estado las competencias que se ha demostrado las autonomías no han sabido gestionar o se han gestionado mal, la Constitución se puede reformar, y Upyd pretende su reforma y revisión en profundidad, eso si, por los cauces legales que la misma otorga.

    Perdón por la extensión, como siempre es un placer discutir en este blog.

  4. 5 PCE DE GETAFE
    julio 15, 2010 en 5:10 pm

    Hola de nuevo Jose Luis:

    El razonamiento que yo hice no es sólo cosa mía, en los manuales de Ciencia Política aparece así… En cualquier caso no es que yo use ese razonamiento para llegar a una conclusión subjetiva, sino que a través del razonamiento objetivo alcanzo una conclusión. Podemos cuestionar las variables del razonamiento e incluso estar equivocados, pero para algo somos Socialistas Científicos. No estamos en posesión de la verdad, sino que utilizamos las herramientas de la ciencia para obtener lo más parecido a ella.

    Las Cortes que aprueban la Constitución no son Cortes Constituyentes, son Cortes Generales. No fueron elegidas para hacer una Constitución, sino que fueron elegidas para ser un poder legislativo ordinario. Hay matices que diferencian unas de otras pero sobre todo muestran la continuidad entre un régimen y otro.

    Yo considero a UPyD centralista porque en su modelo de estado es éste quien cede competencias a los estados, y por tanto también puede suspenderlas. Un modelo de estado federal que realmente tenga intención de respetar la soberanía de las naciones debe estar formado por cada una de ellas, que libremente que ceden cotas de gobierno a un poder de unión. Construcción desde abajo, no desde arriba. En cualquier caso, monárquico y federalista son términos contradictorios a día de hoy.


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